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A partir del 1 de febrero de 2023 no se podrá acceder al transporte público con patinete o monociclo eléctrico por un período de 6 meses.
El Consejo de Administración de la ATM ha decidido instar a los operadores de transporte público a modificar las condiciones generales de utilización de sus servicios, de modo que incluyan la prohibición del acceso al transporte público de los patinetes eléctricos y monociclos, durante seis meses.
Así, la restricción aplica a todos los transportes públicos que dependen de la Generalitat (Cercanías, FGC, buses interurbanos) y AMB (Metro y Bus TMB, autobuses metropolitanos) y al TRAM. Se aplica tanto a los servicios diurnos como nocturnos. Asimismo, la prohibición también es adoptada por la ATM de Tarragona, la ATM de Lleida y la ATM de Girona.
Sin embargo, la medida se limita sólo a los servicios de transporte público regular y no afecta ni a los servicios de transporte escolar ni a los servicios discrecionales. Por lo que respecta a los operadores que dependan exclusivamente de los Ayuntamientos, serán los mismos consistorios que decidirán si adoptan la medida como titulares del servicio.
Se recuerda que la prohibición aplica exclusivamente a patinetes y monociclos eléctricos, quedando permitido el acceso al transporte público a bicicletas eléctricas y otros vehículos de movilidad personal (VMP). En cuanto a los patinetes que pueden alcanzar velocidades de más de 25 km/h, no son considerados VMP sino ciclomotores, por lo que ya estaba prohibido su acceso al transporte público antes de la prohibición.
En este período, se elaborará una propuesta de regulación sobre el acceso y seguridad de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal. Este estudio se desarrollará conjuntamente con la participación de varios agentes interesados en la seguridad del sistema de transporte: operadores, bomberos e institutos de seguridad de vehículos, entre otros.
De esta forma, se quiere dar prioridad al principio de seguridad preventiva que rige para los operadores en relación a la protección de las personas usuarias, así como al personal que trabaja en el servicio de transporte público.
Hasta que no se concluya en qué condiciones se garantiza la seguridad de estos vehículos de movilidad personal, se opta por no permitir su acceso. En este sentido, las denuncias por incumplimiento de la normativa supondrán una sanción de 200 euros.
Esta medida se articula a raíz del incendio de un patinete eléctrico en un tren de los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) en Sant Boi de Llobregat el pasado mes de noviembre, hecho que obligó a detener el tren y desocuparlo entre dos estaciones, resultando tres personas heridas leves.