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La patronal constata que la solicitud se justifica por la afectación, además de carácter imprevisible, que supone el incremento de los precios de las materias de primera necesidad para el desarrollo de este servicio esencial.
La Confederación Española del Transporte en Autobús (CONFEBUS) considera que la justificación de la medida recogida en el Real Decreto 3/2002, de 1 de marzo, en materia de revisión de precios de algunos contratos públicos debería tener aplicabilidad a los servicios públicos esenciales del transporte de viajeros por carretera, como es el caso del transporte escolar.
Las empresas operadoras de este servicio público han sufrido de igual forma los perjuicios del incremento extraordinario de los costes del combustible, y otros indirectos, los cuales son imprescindibles para la prestación del servicio.
La situación es calificada de discriminatoria por parte de la Confederación y, por ello, considera que es fundamental reclamar que la normativa dé cabida a los contratos públicos de transporte escolar. Así, la Asociación pide a las administraciones que se planteen realizar revisiones excepcionales basadas en el Real Decreto y las leyes autonómicas para trasladar a los tribunales, si fuera necesario, un trato desigual y discriminatorio.
El presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, ha explicado que “además del impacto de han sufrido las empresas del sector durante la pandemia, ahora acaba de asfixiarnos esta subida desproporcionada del precio del combustible, por lo que la revisión de los precios es imprescindible para garantizar la continuidad de nuestra industria, que es un servicio esencial y fomenta la movilidad sostenible”. Asimismo, «en ocasiones, el transporte escolar es la única alternativa de movilidad que disponen los estudiantes para acudir a los centros educativos y, al mismo tiempo, garantiza la seguridad de las personas«.
Por otra parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) anunció a mediados de julio que activaría una dotación económica para que todas las administraciones dispusieran de los recursos adecuados para actualizar los contratos de transporte en autobús. De esta forma, se podría compensar los costes extraordinarios, con el objetivo de garantizar la prestación de servicios de transporte. Una medida que finalmente no se incluyó en el Real Decreto 14/2022, aunque ahora se espera que quede registrada en el trámite de enmiendas de la disposición.
Asimismo, cabe destacar que FECAV sigue presentando informes al Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña, exponiendo datos actualizados que evidencian la enorme preocupación de los operadores por el riesgo de comprometer la sostenibilidad y la viabilidad de la prestación de servicios públicos de transporte escolar. Un servicio que garantiza el derecho a la movilidad para ejercer, también, el derecho a la escolarización.
José Maria Chavarría, presidente de FECAV, ha señalado que “las ayudas directas asignadas hasta ahora suponen una ayuda simbólica, que no es desmerecida, pero totalmente insuficiente para paliar los efectos actuales del aumento galopante del precio del combustible. Estas prestaciones han cubierto sólo el sobre coste de dos meses de servicio”.
En este sentido, la Federación ha trasladado al Departamento de Educación de la Generalitat que actualmente se percibe un sobre coste de combustible del 58,71% desde el inicio de la crisis energética, que se está asumiendo directamente por parte de las empresas prestadoras del servicio. Una situación que, según datos obtenidos por FECAV, supone un incremento de más de 3 millones de euros en la partida de combustible para el transporte escolar.