• El proyecto promueve la movilidad limpia y saludable concebida como un derecho social a través de un sistema de transporte digital e innovador.

El martes día 01 de marzo de 2022 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), presentó el Anteproyecto de Movilidad Sostenible en el Consejo de Ministros como primera toma de contacto con la propuesta, que se publicará en la web del MITMA para que la ciudadanía y actores interesados ​​puedan consultarla y realizar aportaciones, si procede.

Según la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, estas nuevas medidas contempladas en la Ley de Movilidad Sostenible favorecerían la optimización de los gastos en inversiones públicas hasta 8000 millones de euros en una década.

Este Anteproyecto define un nuevo marco regulador para el transporte y la movilidad del Estado, sosteniéndose en cuatro pilares:

  • Reconocer la movilidad como un derecho de la ciudadanía y, al mismo tiempo, un elemento de cohesión social que favorezca la consecución del Estado del Bienestar.
  • Concebir una movilidad limpia y saludable que respete el medio ambiente y, además, contribuya a la mejora de la calidad de vida de las personas. En este sentido, el transporte público colectivo se contempla como una solución asequible para la ciudadanía
  • Facilitar la innovación y la digitalización en los medios de transporte y la movilidad, poniendo en valor un espacio de creación en el que la autoridad supervisora ​​permitirá validar proyectos innovadores de forma controlada y segura.
  • Invertir desde una perspectiva sostenible y social para mejorar la calidad de las decisiones de inversión, el gasto del transporte y la movilidad, así como la incorporación de nuevas herramientas para la participación pública y transparencia en el proceso.

Otro elemento remarcable del proyecto es la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que constará de varios instrumentos para coordinar eficientemente a instituciones de ámbito estatal, autonómico y municipal. En este sentido, se hace referencia a la Conferencia Territorial de Movilidad y Transporte; un órgano consultivo para facilitar la cooperación entre el sector y los usuarios; un instrumento digital para garantizar la disponibilidad de datos relativos a la movilidad y un documento marco, coordinado entre administraciones, para la planificación de una movilidad sostenible.

La nueva Ley establece la obligación por parte de la Administración a promover soluciones de movilidad más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo. También se exigirán planes de movilidad sostenible en el entorno laboral a aquellas empresas de más de 500 trabajadores, fomentando el uso del transporte colectivo y la movilidad compartida, así como una gestión eficiente en las terminales de transporte y la implementación de carriles reservados a transporte colectivo o vehículos de alta ocupación.

El Anteproyecto de esta Ley se constituyó en febrero de 2020 por medio de un grupo entre ministerios dependiendo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

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