La Corte Europea ha determinado que Uber Pop no puede considerarse un «servicio de la sociedad de la información» y la califica como un «servicio en el ámbito de los transportes». Uber Pop es un servicio de intermediación a través de una aplicación para móvil que, a cambio de una remuneración, pone en contacto a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que quieren realizar un desplazamiento urbano
El TJUE considera que el servicio prestado por Uber no se limita a un servicio de intermediación. En esta situación, entiende que la aplicación crea al mismo tiempo una oferta de servicios de transporte urbano, y que la hace accesible mediante herramientas informáticas.
En consecuencia, según el Tribunal, este servicio está excluido del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior y el de la Directiva sobre comercio electrónico. Por lo tanto, es responsabilidad de los estados miembros regular las condiciones de prestación de estos servicios, siempre que se respeten las normas generales del Tratado de Funcionamiento de la UE.
La sentencia no cambia la situación actual en España, donde UberX opera bajo licencia VTC, del mismo modo que otras firmas como Cabify, pero reafirma las tesis de los taxistas que consiguieron la prohibición cautelar del servicio Uber Pop en 2014. La Justicia española estaba esperando esta sentencia de la instancia superior europea para fallar definitivamente sobre el asunto tras la denuncia de la Asociación Profesional Élite Taxi de Barcelona.
Uber ha afirmado que «esta decisión no cambia nada en la operativa de Uber en la mayoría de los países de la UE” donde ya operan con licencia VTC a través del servicio UberX, que lanzaron en 2016 cuando los tribunales ya habían paralizado el servicio Uber Pop.
Fedetaxi, la asociación mayoritaria del sector del taxi, ha mostrado su satisfacción por el fallo europeo y ha exigido a la Comunidad de Madrid y a la Generalitat de Catalunya que inspeccionen, y en su caso sancionen, los servicios realizados por Uber desde el inicio de sus actividades en España. Según esta asociación, Uber podría tener que afrontar sanciones en España por más de 5.000 millones de euros por infracción de la normativa de transportes.