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  • Los aplazamientos de los pagos pueden ser de hasta 6 meses y se permiten para vehículos de más de 3,5 toneladas.

 

El Gobierno español ha aprobado una moratoria de hasta 6 meses de los contratos de préstamos, leasing y renting de los autocares de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada dedicados exclusivamente al transporte público discrecional. Se podrán acoger a esta norma las empresas o autónomos que acrediten una reducción de ingresos de más de un 40% de media entre los meses de marzo a mayo respecto al mismo periodo de 2019.

Se trata de una medida que FECAV reclamaba desde hacía meses en apoyo de las empresas de transporte discrecional, que han estado casi paradas del todo desde el inicio del confinamiento. Además, es un sector que se recuperará lentamente debido a su vinculación con el turismo. En este sentido, FECAV también ha solicitado otras actuaciones, como ayudas directas a las empresas de transporte discrecional.

En segundo lugar, el Gobierno ha establecido el mecanismo para la compensación económica de las pérdidas originadas por la pandemia que han tenido los operadores de las concesiones estatales de transporte regular interurbano en autobús. El reequilibrio tendrá en cuenta las pérdidas por la reducción de viajeros, que llegó a ser de casi un 100%, así como los costes generados por las medidas de desinfección y seguridad que se han implementado. La solicitud deberá presentarse en un plazo de dos meses desde la publicación del decreto.

También se han aplicado medidas para reducir las cargas administrativas de las empresas de transporte. En concreto, las que tengan autorizaciones de transporte por carretera que les corresponde visar el año 2021, deberán visar el 2022. En todo caso, a partir del año 2023 se volverá a el calendario habitual de visados.

En cuanto a las ITV, para aquellos vehículos a los que les corresponda la inspección entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020 y no la hubiera realizado el día de la entrada en vigor del decreto que lo regula, se prorrogará tres meses desde la fecha de vencimiento del certificado. Además, mientras esté vigente esta prórroga, las empresas de transporte público de mercancías y de viajeros titulares de una licencia comunitaria tendrán preferencia en el paso de la ITV.

Por otra parte, con el objetivo de agilizar el funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Transporte, por las demandas de arbitraje de hasta 5.000 euros presentadas desde el 1 de septiembre de 2019 hasta finales de 2020, se permite prescindir de la vista oral y su sustitución por un procedimiento escrito.

Por último, se aplaza hasta el 1 de enero de 2022 el inicio del nuevo sistema de exámenes de competencia profesional para el transporte por carretera regulado por el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT).

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